El activista provida que fue detenido el pasado otoño en una redada del FBI en su domicilio antes del amanecer ha demandado al Departamento de Justicia por el trato que dio a su familia durante la detención, acusando a la organización de una investigación “defectuosa” que condujo a una detención excesivamente forzada y a un “enjuiciamiento malicioso y de represalia” que ha afectado gravemente a su esposa y a sus siete hijos.
Mark Houck se despertó el 23 de septiembre de 2022 con unos golpes incesantes en la puerta de su casa. Cuando la abrió, vio a más de 15 agentes del FBI agolpados en su porche y en el jardín delantero con armas apuntándole.
“Estaban alineados a lo largo de todo el camino de entrada”, dijo Houck a The Daily Signal. “Tenía agentes en mi porche con armas largas”.
A pesar de que levantó las manos y cooperó voluntariamente, varios agentes apuntaron a la cara de Mark mientras su familia -incluidos sus siete hijos pequeños- se veía obligada a ver cómo se llevaban a su padre “esposado”, según dijo entonces el representante de la familia, Brian Middleton, a Faithwire de CBN.
La angustiosa experiencia ha dejado a cada miembro de la familia con heridas emocionales.
Houck ha sido absuelto. Ahora él y su esposa, Ryan-Marie, han presentado demandas contra el Departamento de Justicia. Sus demandas detallan el alcance del trauma emocional que su familia ha experimentado desde aquel día de septiembre.
“Sus hijos también han sufrido inmensos traumas emocionales y manifestaciones físicas de estrés que la Sra. Houck ha soportado sola mientras su esposo estaba fuera durante su encarcelamiento y procesamiento”, dice la demanda.
La denuncia también añade que ella y Mark han sufrido tres abortos espontáneos “debido al estrés de la conducta del FBI y el procesamiento”.
“El estrés de estos acontecimientos fue tan difícil que a los Houcks se les ha diagnosticado infertilidad”, dice la denuncia.
Añade que Ryan-Marie no sólo ha sufrido “graves trastornos emocionales y manifestaciones físicas de estrés y estrés postraumático” desde la redada, sino que sus hijos “acuden continuamente a ella llorando y sufriendo pesadillas”.
“Los niños se desencadenan fácilmente cada vez que se saca a relucir la situación o llegan invitados sin previo aviso a la propiedad, y ella pasa una cantidad significativa de tiempo aconsejándoles y consolándoles”, continúa.
Como informó CBN News, Houck fue acusado por el Departamento de Justicia de cargos de violación de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE) después de que empujara a un escolta voluntario proaborto que estaba acosando a su hijo pequeño fuera de una clínica abortista en Filadelfia.
Houck fue absuelto de todos los cargos en enero. Si el jurado se hubiera puesto de parte de la Administración Biden, Houck se habría enfrentado a hasta 11 años de prisión y una multa de 350.000 dólares.
Houck y su esposa declararon con anterioridad a The Daily Signal que creen que el Departamento de Justicia de Biden los eligió para intimidar, silenciar y asustar a la familia por su trabajo a favor de la vida: orando fuera de las clínicas abortistas por las mujeres que se dirigen a ellas para abortar a sus bebés no nacidos.
La demanda de Houck describe la detención como una “demostración de fuerza innecesaria e ilegal”, y acusa a la agencia de intentar agredirle intencionadamente y privarle de sus derechos amparados por la Cuarta Enmienda “haciendo un uso excesivo de la fuerza para detenerle por cargos no violentos cuando no había amenazado a las agentes policiales, no poseía un arma y se había ofrecido a entregarse a las autoridades si era acusado”.
Houck solicita 1,1 millones de dólares por acusación maliciosa, represalias, detención ilegal, abuso de procedimiento y agresión. Ryan-Marie solicita 3,25 millones de dólares por daños y perjuicios para ella y sus hijos.
40 Días por la Vida representa a Houck y a su esposa.
Shawn Carney, presidente de la organización provida, afirma que la demanda supone una advertencia a la administración Biden.
“Esta demanda enviará un fuerte mensaje al Departamento de Justicia de que los Estados Unidos no pertenecen a (el fiscal general) Merrick Garland o al FBI; pertenecen a todos los estadounidenses, a pesar de nuestros muchos desacuerdos sobre diferentes temas”, dijo Carney. “Todos creemos que deberíamos tener derecho a la libertad de expresión y a estar protegidos de infracciones ilegales por parte de nuestro propio Gobierno”.
“Mark y su esposa tienen reclamaciones válidas y críticas contra el gobierno que asaltó su casa y les apuntó con armas a ellos y a sus hijos. Mark, su esposa y sus siete hijos han quedado devastados por este horrible suceso, que nunca debería haber ocurrido de no ser por la intolerancia de nuestro comprometido Departamento de Justicia”, añadió.