La condena de 11 líderes cristianos en Nicaragua por “falsos cargos de lavado de dinero” generó repercusiones internacionales y generó preocupación sobre la libertad religiosa y los derechos humanos en el país. Los pastores habían sido arrestados y ahora condenados.
A los acusados, entre ellos una pareja, un evangelista y ocho pastores vinculados al grupo Mountain Gateway, se les ordenó pagar 80 millones de dólares cada uno. Este caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asumiendo la organización ADF Internacional la defensa de los acusados.
Los hechos que llevaron a la condena se produjeron tras la cancelación de la personalidad jurídica de Mountain Gateway y la confiscación de propiedades por parte del gobierno de Nicaragua, en medio de ocho grandes “campañas evangelísticas” llevadas a cabo por el grupo en 2023, con permiso del régimen.
Estos acontecimientos, que atrajeron a miles de personas, fueron interpretados como una amenaza por el gobierno, lo que provocó el cierre de Mountain Gateway y el arresto de líderes acusados de lavado de dinero en diciembre de 2023.
La reacción internacional incluyó llamamientos de cuatro senadores estadounidenses y una carta firmada por 58 parlamentarios al embajador de Nicaragua en Estados Unidos, pidiendo la liberación inmediata de los líderes cristianos.
Los líderes de Mountain Gateway niegan las acusaciones y dicen que los eventos realizados fueron puramente religiosos y no tenían motivaciones políticas. También cuestionan las acusaciones de lavado de dinero, argumentando que todas las transacciones fueron documentadas y auditadas periódicamente.
La situación genera preocupación sobre la libertad religiosa y la persecución religiosa en Nicaragua, con informes de cierres de iglesias y represión de líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos.
El caso destaca la importancia de proteger los derechos humanos y la libertad religiosa en todo el mundo y destaca la necesidad de atención internacional e intervención diplomática para garantizar la justicia y el respeto de los derechos fundamentales.